Pronunciamiento de Tierra Libre – Instituto Social y Ambiental

Indignante comentario editorial de ABC color del 23 de julio de 2021 que criminaliza, en forma generalizada, a los indígenas urbanos.

La organización Tierra Libre – Instituto Social y Ambiental, se dirige a la población en relación al editorial de referencia a fin de expresar su preocupación por el contenido xenófobo y discriminatorio de la misma en momentos en que se han recrudecido los procesos de invasión a los territorios ancestrales ante la mirada pasiva del Estado. Como instituto especializado en la salvaguarda de los pueblos indígenas en el Paraguay, no podemos dejar de responder y a la vez alertar a la población ante tal contenido ofensivo e indignante publicado por uno de los principales medios del país, no solo por su contenido aberrante sino por considerarlos un peligro elocuente por la instalación en la opinión pública de principios basados en la aporofobia que luego serán utilizados como mecanismos de represión contra quienes deberían encontrar en el Estado la protección absoluta de sus naciones y cultura y sin embargo no cesan de encontrar la vulneración solapada de sus derechos.

Ante este peligro latente, la Organización Tierra Libre – Instituto social y Ambiental considera crucial manifestar cuanto sigue:

Discurso del editorial de ABC color: El mismo menciona que “los grupos indígenas que pululan en nuestro capital se han arrogado todos los derechos, inclusive aquellos que afectan al resto de la población, y ocupan espacios públicos o cierren calles cuando les antoja”, preocupándose por el notable incremento de la población indígena urbana en la Zona Metropolitana de Asunción, y denuncia “violaciones a la ley en que incurren” los grupos indígenas “con toda impunidad”, argumentando que “se la viola cuando, por el motivo que fuere, se cierra el tránsito, como si el indígena, por mero hecho de serlo, no tuviera que respetar el derecho a la libre circulación de los demás”, además que “su población infantil (…) está desamparada por sus propios padres”, siendo afectada incluso por la prostitución. De acuerdo a este discurso “la pobreza no exculpa el delito”, por lo que exige una mayor dureza en “las denuncias contra los padres” y que “los padres (…) sean procesados por violación del deber de cuidado” por su “flagrante atropello a los derechos a la niñez”. El artículo califica el conjunto de estos hechos como “violaciones a la ley” cometidos por los indígenas que deben ser efectivamente sancionados, pues de acuerdo a este discurso “la condición de indígena no coloca a los mismos encima de la ley”. El comentario de ABC color formalmente reivindica el derecho a la niñez, aunque aparentemente se preocupa más por el derecho a la libre circulación del tránsito de la población no indígena, y argumenta que “las normas consuetudinarias de los aborígenes (…) no deben atentar contra sus derechos fundamentales”.

Respondiendo a este discurso, se aprecia que no puede haber una mayor distorsión de los hechos y no es imaginable un discurso más colonialista que el comentario editorial de ABC Color, puesto que su punto de partida significa una radicalización de las tendencias discriminatorias relacionadas a la población indígena en general, enraizadas en los discursos racistas del fin del siglo XIX, negando categóricamente los “derechos indígenas a la ciudad”. Es un discurso anti-histórico, pues la presencia indígena en el ámbito urbano de Asunción tiene continuidad desde la llegada de los españoles en el año 1537; tan solo durante la época entre-guerras de 1870 a 1932 (entre la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco) hubo poca visibilidad de la presencia indígena en esta ciudad. Es un hecho que la presencia de indígenas ha sido permanente y continua en Asunción durante todo este lapso. La idea generalizada de que el único lugar legítimo de residencia para los indígenas es el ámbito rural, distante de esta ciudad, corresponde a una construcción ideológica. No solamente en la actualidad los indígenas tienen el mismo derecho de estar en la ciudad que cualquier otro ciudadano paraguayo, es más: en el caso de los indígenas Guaraníes son incluso originarios de lo que ahora es el Área Metropolitana de Asunción, son anteriores al establecimiento de espacios públicos tales como las plazas. Las profundas omisiones del discurso del editorial ABC color sobre la crítica situación de la población indígena urbana que vive en tal área, al parecer intencionadas, son, entre otras, las siguientes menciones:

  • La hiper-marginación general de los Pueblos Indígenas por el Estado y la Sociedad Civil, con una violencia estructural y transversal muy agresiva contra los derechos territoriales, ambientales, económicos, sociales y culturales. Se evidencia que como contexto generador de la urbanización indígena es claramente identificable un ámbito ubiquitario de genocidio, etnocidio y ecocidio.
  • La vigencia de masivas limpiezas étnicas y históricos procesos directos e indirectos de genocidio los cuales, como demuestran estudios científicos especializados, están directamente vinculados a los procesos de migración rural-urbana indígena, puesto que los Pueblos Indígenas fueron y continúan siendo expuestos a fenómenos muy violentos de colono-colonización, tanto en el Chaco como la Región Oriental. Estos procesos que en su última consecuencia apuntan al exterminio y la asimilación de los Pueblos Indígenas en Paraguay, habiéndose especializado la institucionalidad pública en la instrumentación de sus procedimientos para suprimir los derechos indígenas consagrados en la Constitución nacional, la legislación internacional y las leyes nacionales, pero que se encuentran sistemáticamente omitidos en su aplicación.
  • En cuanto a los indígenas chaqueños, su presencia en el Área Metropolitana de Asunción es un producto directo de las limpiezas étnicas, llevadas a cabo por el Estado paraguayo –en algunos casos en coordinación con las colonias menonitas– en la Región Occidental durante y después de la Guerra del Chaco, tanto en lo concerniente a los Maká y Nivaĉle como a los Qom e Yshïr. Debe ser comprendida, sobre todo, como una reacción al proyecto estatal y menonita de desposesión y proletarización de los sobrevivientes indígenas en el Chaco. Entre los numerosos casos de invasión por no indígenas de tierras ya tituladas a favor de la población indígena se encuentra el caso de la Comunidad Nivaĉle Lhavôj’ôcfi – San José Esteros la cual, aun después de más de tres décadas de lucha, no cuenta con ningún apoyo del Instituto Paraguayo del Indígena – INDI para desalojar a los invasores no indígenas; el caso de la Comunidad Manjui Wonta – Santa Rosa, donde el INDI después de más de dos décadas aun no ha entregado a los indígenas las tierras tituladas en nombre de tal institución, así como el caso de la Comunidad sin Tierra Nivaĉle Ajoicucat – Mistolar, donde el INDI aún después de más de 40 años de lucha por la tierra por tal Comunidad no se ha interesado por los derechos territoriales indígenas e incluso está obstaculizando desde hace cinco años el reconocimiento de sus líderes electos en asamblea, perjudicando así durante mucho tiempo sus gestiones reivindicativas.
  • En cuanto a los indígenas orientales en el Área Metropolitana de Asunción (al igual que en las Zonas Metropolitanas de Ciudad del Este y Encarnación), su presencia es un producto directo de las limpiezas étnicas realizadas por el Estado paraguayo a partir de la década de 1950, en gran parte en coordinación con colonizadores y empresas brasileños. Debe ser entendida, sobre todo, como una reacción a la destrucción total del espacio de vida de los Ava y Mbya Guaraníes, el Bosque Atlántico del Alto Paraná, y la simultánea destrucción sistemática de la “cultura guaraniete” por el Estado criollo supuestamente “filo”-guaraní. Teniendo en cuenta solamente el lapso de los últimos tres meses, en el caso de los Ava Guarani se registraron los siguientes desalojos violentos a comunidades:

13 de mayo de 2021: Comunidad Cerrito (distrito de Minga Porã, departamento de Alto Paraná), donde un contingente policial desalojó violentamente a 85 familias.

1 de Junio de 2021: Comunidad Yvy Porã (distrito de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro), cuya población fue desalojada por la policia, siendo obligado a ubicarse al costado de la ruta.

9 de junio de 2021: Comunidad indígena Acaraymi (distrito de Hernandarias, departamento de Alto Paraná, donde 150 familias fueron desalojados violentamente, dejando como consecuencia varios indígenas con golpes y heridas.

16 de junio: Comunidad Ka’a Poty 1 (distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná), donde no solamente fueron desalojados violentamente, sino que los policías destruyeron sus casas, su templo y su escuela.

7 de julio: Comunidad Cristo Rey (distrito de Ybyrarobana, departamento de Canindeyú), donde al menos 100 familias fueron desalojadas, siendo obligadas a -ubicarse en calles aledañas.

8 de julio: Comunidad Ka’avusu (distrito de Itakyry, departamento de Alto Paraná), donde cerca de 60 familias fueron desalojadas con mucha violencia por la policía.

Los Mbya Guarani, en parte, son tratados aún peor que los Ava Guarani en su territorio ancestral, sufriendo permanentemente masivos desalojos a la fuerza. En el caso de los Pa’i Tavyterã, el 12 de julio de 2021 la Comunidad Yvypyte (departamento de Amambay) experimentó la invasión de sus tierras y la expulsión de numerosas familias.

Es así que las múltiples formas de presencia indígena en el Área Metropolitana de Asunción, deben ser consideradas como auténticos reflejos de las políticas estatales anti-indígenas y eco-destructivas, aunque en el Gran Asunción no se cuente con un modelo etnocrático y espacialmente tan explícito de exclusión étnica como el sistema de apartheid impuesto en las colonias menonitas del Chaco Central.

Existen abundantes evidencias sobre la continuidad del contexto colonial reinante en esta ciudad desde hace 484 años, entre ellas el discurso del editorial de ABC color, cuya mayor perversión se expresa en el hecho de que confunde el conjunto de los problemas coloniales mencionados con el tema de la explotación sexual de la niñez cuyos actores, además, fundamentalmente son no indígenas.

Por tanto, el Estado debe abandonar inmediatamente su política de desamparo sistemático de la población indígena en sus derechos y reclamos territoriales, tanto en el ámbito rural como en la ciudad, dejar de reprimir a esta población que ha sido excesivamente maltratada desde hace 484 años y abrir a la misma, incluso desde la organización administrativa-territorial estatal, una perspectiva real para encontrar espacios físicos que le permite encontrar un lugar en sus espacios ancestrales. El Estado debe urgentemente concertar las instituciones públicas y gobiernos locales para facilitar efectivamente espacios adecuados, tanto a la población indígena rural oprimida como a los migrantes indígenas que se encuentran en condiciones de muy alta vulnerabilidad en el Área Metropolitana de Asunción, para que se les permita proyectar a un futuro mejor. En este contexto, los medios de comunicación tendrán que asumir su responsabilidad de dejar de criminalizar la población indígena urbana y, más bien, comprender la profundidad de su problema desde la perspectiva de un periodismo investigativo que se niega a reproducir estereotipos superficiales e ideológicamente cargados.